Perlitas informativas

Atención, que el negocio es el mismo en todas partes.


Vacunas que sobran
Parece que ya se va aclarando la trascendencia de la gripe A. Tras el multimillonario negocio de las farmacéuticas, leemos un teletipo de Europa Press del 6 de marzo que afirma que “el Gobierno holandés pretende devolver un total de 21 millones de vacunas contra la gripe A (H1N1) a las farmacéuticas tras quedar demostrado que no son necesarias  y ante la ausencia de ningún otro país que quiera comprarlas”. Mientras tanto,  España aprovecha para mostrar nuestra generosidad: “España dona a Latinoamérica cuatro millones de vacunas de la gripe A”, titulaba El País el 5 de marzo. Lo que sucedió es que España compró 13 millones de dosis y sólo ha usado tres millones.Dicen los españoles: "Nuestro país sigue actuando siguiendo el principio de cooperación activa", declaró la ministra de Sanidad española. Al menos los holandeses fueron más sinceros.



Que legisle la empresa
Una empresa estadounidense ha demostrado una enorme sinceridad para destapar cómo funciona el sistema electoral de su país. Según leemos en la BBC el 17 de marzo, la firma Murray Hill Inc se presenta a las elecciones para conseguir diputados en el Congreso. Así lo razonan en su página web: "hasta ahora los intereses corporativos han sido la fuerza detrás del Congreso", sin embargo "nunca podemos estar absolutamente seguros de que (los congresistas) trabajaran para nosotros". "Es nuestra democracia. Nosotros la compramos. Nosotros la pagamos y vamos a mantenerla (…) Es el momento de ponernos detrás del volante nosotros mismos". "Vote por Murray Hill para el Congreso para tener la mejor democracia que el dinero pueda comprar.



Según lo que digan
La derecha española recurrió con entusiasmo a los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch como principal prueba de que en Cuba hay presos políticos. Incluso acusaron al presidente español de ignorar a estas organizaciones y apoyar al gobierno cubano. Leo en Público el 20 de marzo que Human Rights Watch emitió un comunicado afirmando que “las autoridades españolas deberían cumplir las recomendaciones de las Naciones Unidas y poner fin a la ley de Amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”. En criticar las acusaciones contra Garzón coincidieron el gobierno de Zapatero y el organismo de derechos humanos. En cambio, el Partido Popular también criticó al gobierno español por apoyar a Garzón. De modo que la derecha denuncia cuando Zapatero no aplica los criterios de las ONG y también cuando coincide.