Por Miguel A. Semán
(APe).- Stornelli, fiscal de la Nación, aterrizó en la provincia de Buenos Aires con chapa de duro. Una vieja promesa lo convirtió en titular del tantas veces doblado y desdoblado ministerio de seguridad bonaerense. Hace unos días lo acaban de despedir, pero por supuesto, no lo espera la intemperie de la desocupación, sino otra seguridad, la del despacho con sillón de fiscal que supo reservarse. Desde allí, dentro de poco, volverá a pararse ante las cámaras, regenerado por el olvido, y volverá a decirnos cómo deben hacerse las cosas que él no supo hacer.
Cuando apareció en la provincia daba la impresión de no tener idea de dónde quedaba la ciudad de La Plata, y con el correr de los días lo fue confirmando. Más allá del caso Pomar, que según los diarios desencadenó el principio del fin, durante su gestión desató varias polémicas, algunas de ellas absurdas. Como la que sostuvo con Arslanián, camarista respetable, pero también ministro de Solá que quiso convertir en cárceles las fábricas cerradas, tal vez para meter adentro a los hijos de los desocupados. La polémica entre ambos funcionarios, desde ya, no podía tener otro objeto que dirimir quién de los dos había fracasado con más éxito en las mismas funciones.
Resultó extraño que mientras el gobernador Scioli no cesaba en su campaña por podarle años a la inimputabilidad de los menores como fórmula mágica para acabar con la delincuencia, Stornelli denunciaba a los policías de la provincia por reclutar de las villas a esos mismos menores para delinquir.
Tal vez lo más significativo de la gestión del ex ministro, además de la denuncia de que la policía reclutaba menores pobres para delinquir, haya sido su propuesta de restaurar la vigencia del régimen contravencional en la provincia de Buenos Aires. La idea, en apariencia novedosa, consistía en penalizar la vagancia, la mendicidad, el merodeo, la ebriedad y los disturbios provocados por patotas. De esta manera, arguyó, se iba a devolver a la policía, “que recluta menores para delinquir”, el dominio de las veredas y el poder de selección en las esquinas.
La propuesta recibió críticas de oficialistas y opositores por anacrónica, retrógada, autoritaria y todo lo que pueda decirse hoy en día sobre cualquier iniciativa por el estilo. Se dijo que la legislatura no iba a aprobar semejante vetustez, pero en realidad el proyecto Stornelli naufragó en las aguas poco profundas de su propia intrascendencia.
No era necesario. El régimen contravencional que se decía difunto, gozaba de excelente salud, y no en virtud de resurrecciones o curas milagrosas, simplemente, porque nuestras santas contravenciones han estado vigentes, sin interrupción, no sólo desde 1973, año de la sanción del decreto ley 8031, sino desde siempre, desde que la provincia es provincia y la pampa es húmeda.
Sólo la amnesia sucesiva y acumulada de gobernadores, ministros, secretarios y legisladores puede motivar un debate sobre la sanción de leyes que ya existen o la desaparición de otras que no han existido nunca. ¿Cómo esperar, entonces, que algún día la legislatura trate la derogación del decreto ley 8031/73, regulatorio del régimen contravencional, si quienes deberían hacerlo lo creen derogado y se oponen a su exhumación?
Los que sí saben de la vigencia de leyes y decretos, aunque ignoren su número y los códigos donde se ocultan, son los que los sufren. Los que viven afuera porque la diferencia entre casa y calle es más delgada que las paredes de cartón que las separan. Los que no tienen más remedio que sentarse en la vereda vestidos de vagabundos, mendigos o ladrones, y ven pasar la vida con ilusiones robadas. Los que fuman paco y usurpan umbrales. Los que se emborrachan en las plazas y no saben volver. Las prostitutas tristes. Los travestis pobres. Los descolocados de siempre a los que el ex ministro no supo ver, y si algún día los vio ya ha empezado a olvidarlos en ese eterno resplandor de las mentes sin recuerdos.
2 comentarios:
Voto por una ley de leyes para dar caducidad automática a cualquier decreto o decreto ley o como quieran llamarlos de estos engendros que tuvieron origen en cualquier régimen de facto. Es más voto por dejar sin efecto en cualquiera de los tres poderes a aquellas personas que han sido nombradas bajo esas usurpaciones y/o usurpadores. Pero hablo de una revisión seria que anule también los beneficios, pensiones jubilaciones y/o cualquier prebenda que emane de esos ejercicios espurios del poder para sus autores y/o herederos. Y que la ley incluya cualquier posibilidad de reclamar ante tribunales, provinciales, nacionales y/o internacionales por derechos adquiridos.
y/o cualquier otra figura jurídica que se le pueda ocurrir a los beneficiarios directos o indirectos.
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