El sismo y sus réplicas (sociales)

Por Oscar Taffetani
(APe).- Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas es una regla de oro del capitalismo y especialmente de este capitalismo periférico que nos toca, en donde la institucionalidad y ciertos pactos mínimos acerca del funcionamiento del Estado son puestos en cuestión a cada paso, sea por un terremoto o tormenta fuerte, sea por una diferencia en la liquidación de regalías, o bien por el descubrimiento de algún tesoro ignorado en las entrañas de la tierra (digamos, un yacimiento de petróleo) y por la discusión subsiguiente sobre quién habrá de quedarse con esa riqueza.

La matriz de la injusticia se reproduce en cualquier situación, con lluvia o con sol, con terremoto o sin él. Por eso la reconstrucción de Nueva Orléans, después de que una crecida del mar dejara al descubierto la (planificada) imprevisión de las casas mal fundadas y las defensas nunca construidas, favoreció a los mismos consorcios e inmobiliarias que habían sido causantes del desastre. El casco histórico se libró de los pobres excedentes (es decir, ésos que no son pintorescos y no le sonríen al turista) y la cuadrícula urbana fue replanteada desde cero, con créditos blandos que otorgó el Estado.
Así va a pasar en Haití (país que lleva a cuestas la tragedia de haber sido la cuna de la libertad en América, sin haber logrado nunca la institucionalización de esa libertad). Así va a pasar –al menos, en el corto plazo- en el querido Chile, devastado por terremotos y maremotos que se suceden al ritmo, cada vez más intenso, del calentamiento global.
Salvo los yacimientos chilenos de cobre, que fueron nacionalizados y estatizados para siempre por el gobierno de Salvador Allende (quien consiguió que la ley se votara por unanimidad en el Congreso), el resto de las riquezas y la infraestructura productiva de Chile fueron concesionadas o enajenadas durante la dictadura de Pinochet, e incluso durante los gobiernos de la Concertación. Ya lo dijo el ex presidente Ricardo Lagos, durante un debate en el Senado: “En el país existió un robo, el efectuado a las empresas públicas que ahora son privadas" (29/06/2005). Y lo dijo también la candidata -y hoy presidente saliente- Michelle Bachelet: "El país sabe que las privatizaciones durante la dictadura no fueron transparentes y que hay un juicio histórico que los chilenos tienen sobre ese oscuro proceso" (30/06/2005). Tras esas breves ráfagas de verdad y memoria (sin que se ejecutara una política en consecuencia), volvió a soplar el viento del olvido y Chile reeditó el “borrón y cuenta nueva” que tanto le gusta al capitalismo.
Claro que al producirse una catástrofe como esta última, quien deberá, una vez más, hacerse cargo de los muertos y de los vivos, de la infraestructura de transporte y de las comunicaciones, de la educación y de la salud de los chilenos, será el Estado. Y las concesionarias del agua potable y la electricidad, de las autopistas viales y las autopistas informáticas, de los fondos previsionales y las prepagas de la Salud, entre otras, se limitarán a hacer donaciones, efectistas donaciones, en los recitales a beneficio de las víctimas, en la Quinta Vergara.
Habrá créditos, nuevos créditos, para la “reconstrucción de Chile”. El primero de ellos, ya calculado por organismos internacionales, será de 1.200 millones de dólares, anticipando el Ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, cómo va a ser distribuido: “unos mil millones de dólares son de gasto para el Estado y el resto es por obras concesionadas…”