Una infancia que espera

Especialistas y referentes del sector social proponen mejoras en este nuevo 
beneficio otorgado desde diciembre por el gobierno nacional. Cerca de 1,5 millones
de chicos de bajos recursos quedan fuera de este plan

"Esto actúa como un efecto Santa Rita. Con una mano te da y con la otra te quita", se queja Mirna Florentín con relación a la nueva asignación universal por hijo implementada por el gobierno nacional, a la vez que reparte platos de comida en el Comedor Padre Daniel de la Sierra en la villa 21-24 de Barracas. Y lo dice, precisamente, porque vive las consecuencias de este plan en carne propia: el funcionamiento del comedor -al que todos los mediodías asisten 350 personas a recibir su primera comida del día- estaba en manos de diez personas que, como contraprestación del Plan Jefes y Jefas de Hogar, realizaban tareas de cocina, limpieza, recreación y asistencia.
"Ahora no sé si van a seguir colaborando y si los proyectos sociales y talleres que brindábamos al barrio seguirán funcionando. Lejos de reconocer el trabajo, esta iniciativa vuelve al asistencialismo. Además la gente ya tenía su plan; sólo les aumentaron 30 pesos. Les hubieran sumado esta cifra al plan que tenían", agrega con gesto resignado.
Florentín no sabe de teoría social o económica. Ella sólo habla de lo que conoce: su realidad y la de sus vecinos de la villa que, por distintos motivos, no pueden acceder a este beneficio y viven en las entrañas de la pobreza. En donde la desocupación, el hambre, la indocumentación y la desesperación son las únicas certezas.
LA NACION se adentró en barrios necesitados de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para ver si las familias que allí habitan conocen este nuevo plan social, si se anotaron y si pudieron cobrarlo. Allí recogió numerosos testimonios sobre las trabas que tienen que enfrentar las personas más excluidas, y que justamente por eso quedan afuera del sistema y de la ayuda gubernamental.
Gilberto es una de las tantas personas excluidas. Es de nacionalidad paraguaya y hace un año vive junto a su mujer, sus 10 hijos y sus 2 nietos en la villa. Su caso refleja la situación de precariedad de los miles de inmigrantes que todos los días llegan a la Argentina a probar suerte. El es no vidente y su mujer tiene un problema psiquiátrico, por lo cual ninguno consigue trabajo. "Estamos desesperados porque nos quieren desalojar y como no tenemos documento argentino no podemos acceder a ninguna ayuda del Estado", dice mientras él y toda su familia sentada a la mesa terminan las hamburguesas con queso y las verduras hervidas que sirven en el comedor.
Julia atraviesa una situación parecida, pero se le suma el hecho de que su hijo Santiago es asmático, por lo que cobra un ticket social de $ 120. Pero como tiene que pagar $ 450 de alquiler y comprarle los remedios a su hijo no le alcanza. Si bien ella es argentina, su hijo nació en Paraguay. Ya le dieron la radicación, pero recién en marzo cumple los tres años de residencia en nuestro país para que le den el documento nacional de identidad (DNI). "Fui a la Anses y me dijeron que recién ahí me van a poder tomar los papeles para inscribirme", explica. Ella empezó a trabajar en el comedor como contraprestación del Plan Jefes y Jefas de Hogar, y hoy lo sigue haciendo de manera voluntaria.
"Les dan un 0800 para llamar para pedir turno para sacar el documento, pero está saturado. El trámite sale $ 300, más el legalizado de la partida de nacimiento que es en dólares", reclama Fiorentín.
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El 29 de octubre último el Gobierno anunció el lanzamiento de una asignación universal por hijo para combatir la pobreza y lograr una verdadera inclusión de los sectores más desfavorecidos. Y si bien es una excelente noticia que el plan alcance a 3,5 millones de niños y adolescentes vulnerables (según las últimas cifras de Anses), lo cierto es que son cinco millones los menores de 18 años que viven en condiciones de pobreza a causa de bajos ingresos. Esto quiere decir que 1,5 millones no recibirá el beneficio.
"Esto implica la presencia de una importante franja de la población infantil expuesta a un alto riesgo de desnutrición, hacinamiento, déficit educativo y violación de sus derechos especiales. Esta transferencia de ingresos implica para los grupos más vulnerables una mínima seguridad alimentaria que de otro modo no obtendrían", explica Agustín Salvia, jefe del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.
Para que estas familias puedan recibir los 180 pesos por hijo no tienen que ser beneficiarios de ninguna otra asignación familiar (como pensión por siete hijos o el Ciudadanía Porteña) y los padres estar desempleados o desempeñarse en la economía informal. El límite de edad para percibir la asignación es de 18 años, mientras que para los hijos con discapacidad es vitalicia. Una de las limitaciones de esta asignación es que tiene un tope de cinco hijos por familia, cuando muchas personas de bajos recursos llegan a tener más de 10 hijos. A estas familias les sigue conviniendo cobrar la pensión por más de siete hijos.
El 80% de la asignación (144 pesos) se abona todos los meses y el 20% restante (36 pesos) se pagará en marzo cuando se presente la documentación que corrobore el cumplimiento del plan de vacunación y la finalización del ciclo lectivo anterior para los mayores de 5 años. Los beneficiarios cuentan con una tarjeta de débito que les permite no sólo extraer dinero en cajeros automáticos, sino también efectuar compras en comercios.
Desde las filas del sector social, pero también desde el mismo gobierno, distintas voces se alzaron en favor y en contra de este beneficio.
"De universal tiene muy poco porque pretende que la gente vaya a contarles su historia. No estoy de acuerdo con que tengan que demostrar que son pobres. Además, si sos un albañil en negro es muy difícil que puedas probar tu condición laboral. De esta forma rasguñás un mundo de personas que buscan estar ocultas. Porque si yo digo que estoy trabajando en negro es probable que me quieran obligar a ser monotributista haciéndome perder más de lo que gano", dice Juan Padilla, presidente de Gestión de Proyectos de Economía Social (GPS).
El diputado nacional por la Coalición Cívica Toty Flores, por su parte, sostiene que la medida debería ser revisada y que habría que convocar al conjunto de la sociedad para que, sumando los aportes de todos, tenga un verdadero apoyo social. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que tuvieron en cuenta todos los proyectos presentados por las ONG y las bancadas (ver recuadro).
"En principio nosotros no podemos estar en contra de una asignación familiar aunque no sea para todos. Dos millones de niños nos parece importante, aunque no estamos de acuerdo en que se diga que es universal cuando no es para todos. Nuestra propuesta es que sea un ingreso ciudadano de la niñez para todos los niños y que sólo tenga como contraprestación que se presenten la vacunación y la inscripción en la escuela", afirma Flores.
Para eso, explica, habría que censar a todos los niños para ver cuáles son sus verdaderas necesidades y de esta forma conseguir que los más desamparados accedan a los planes sociales. "Con este plan hay muchos problemas de instrumentación porque algunos chicos tienen dos padres y uno de ellos cobra el salario, por lo cual ya queda afuera. A veces las personas están viviendo en una casa y se mudan, las parejas se van cambiando y esto complica las cosas", agrega el diputado.
Desde el 1° del actual hasta hoy, 1.810.000 personas recibieron su tarjeta en el banco designado con sus DNI y se espera que para fin de diciembre sean 2 millones. Las personas que antes cobraban otro plan social nacional como el Jefes y Jefas de Hogar, el Plan Familias para la Inclusión e incluso algunos planes provinciales pasaron automáticamente a esta nueva asignación y no tuvieron demasiados problemas para cobrarla. En cambio, las personas que no recibían ninguna ayuda y tuvieron que anotarse debieron atravesar un proceso bastante más arduo.
Además de hacer colas interminables en las sucursales de la Anses, muchas enfrentaron inconvenientes a la hora de cumplir con los requisitos y la documentación necesaria, y otras tantas están a la espera de novedades porque no les dieron el alta y no pueden comunicarse con la Anses porque - según dicen- todas sus vías están colapsadas.
Desde la Anses confirmaron que los principales motivos por los cuales las personas no pudieron anotarse fueron que no tenían la documentación relacionada con sus hijos y en muchos casos tampoco contaban con el DNI.
"Para el pago de esta asignación universal no se requiere la presentación de un titular para solicitarla formalmente. El requisito es que la Anses cuente en su base de personas con los datos del grupo familiar completos. El propio sistema cruza con todas las bases existentes más las que aportaron las provincias que firmaron el convenio, y en función a eso determina quién está en condiciones de percibirlo y quién no. Las personas que fueron a las delegaciones de la Anses, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social fueron para acreditar sus datos, para su posterior cruce", explicaron desde el organismo.
El sistema de asignaciones familiares por hijo de la Anses tiene un alcance mucho mayor que el de la nueva asignación universal (2.689.508 niños). También cubre a los empleados formales (4.525.641 niños), los jubilados y pensionados (411.270 niños), los préstamos por desempleo (131.940 niños), los empleos públicos (1.485.504 niños) y los autónomos (962.476 niños). Esto da un total de 10.206.339 hijos cubiertos por este organismo.
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Sandra Gómez recibe a LA NACION en la puerta de su casa en Las Tunas, un barrio humilde de 35.000 habitantes, en General Pacheco, Tigre. Mientras uno de sus tres hijos pasa revoloteando por la vereda, Sandra, de 22 años, cuenta su historia.
Vive en una casa de material y techo de chapa, junto a su marido que es pintor, pero actualmente no tiene trabajo. "Nunca cobramos un plan social. Cuando me enteré por mi vecina fui a la Anses a anotarme en éste y tuvimos que cambiar el domicilio para hacerlo. Mandé varios mensaje de texto para ver dónde cobro y no me respondían nada. Llamé al 130 y no me atiende nadie. Y a la página no se puede entrar", se queja mientras juega con un celular de última generación.
Sus hijos no van al colegio, pero piensa anotarlos el año que viene para poder cobrar el 20% restante de la asignación. Para sostener su casa sale a vender plantas por la calle con su marido. Sandra finalmente pudo cobrar el plan, pero su madre no corrió la misma suerte porque no tiene la partida de nacimiento ni vacunas de todos sus hijos.
En Las Tunas, según un estudio realizado por el Centro para el Desarrollo Local, el 86% de las 89 familias censadas recibe un plan social. El 42,5% de los hogares está sostenido por un único jefe de familia (sea madre o padre), el 41% vive de changas, en el 50% de los hogares con una sola habitación conviven entre 4 y 6 personas, y en el 47% de los hogares hay por lo menos un niño con bajo peso.
Lucila Bagnardi, responsable del área de formación ciudadana y orientación jurídica del Centro para el Desarrollo local de Las Tunas, cuenta que recibieron muchas consultas en los últimos meses con relación a la asignación universal. Bagnardi, que todas las semanas patea las calles del barrio, afirma que este año notó que las familias están atravesando una situación social mucho más crítica que en años anteriores. "Son familias numerosas, de hasta 13 personas que viven en dos ambientes. La mayoría son inmigrantes bolivianos y paraguayos. Lo cierto es que existe una gran desinformación sobre sus derechos", concluye.
En la odisea que consiste implementar un nuevo plan social a nivel nacional, con todas las complicaciones técnicas y logísticas que eso implica, una franja de la población fue más favorecida y pudo recibir la asignación sin problemas. En el recorrido por Las Tunas, LA NACION se cruzó con Vanesa, madre de 3 hijos y una de las afortunadas que pudo cobrar el plan en los primeros días de diciembre. A su marido que es carnicero le pagan $ 1500 por mes en negro, a lo que ahora se les suman $ 434 de la asignación universal.
Para anotarse en este beneficio llegó a la oficina de la Anses a las 4 y recién la atendieron a las 15. Días más tarde mandó el mensaje de texto para ver dónde tenía que cobrar y le contestaron que como su DNI terminaba en 0, le correspondía el lunes 7 de diciembre. "Fui al Banco Provincia y me dieron una tarjeta Visa a mi nombre, con un crédito de $ 434 por mis tres hijos. Como la de 15 no va a la escuela, en mi caso sólo voy a recibir el 80% de la asignación", aclara mientras explica que todo el dinero lo va a utilizar para comprar alimentos y para pagar la escuela municipal de sus hijos que le sale 50 pesos cada uno.
Griselda Pucheta, de 35 años, nunca había recibido un plan social, por lo cual está inmensamente agradecida. Trabaja los fines de semana en Nordelta como empleada doméstica y le pagan $ 200. Su marido hace changas de albañilería en forma esporádica. Con eso apenas pueden alimentar y sostener a sus hijos de 11, 9, 7 y 6 años.
"La verdad es una gran ayuda porque nosotros nunca recibimos nada. A mí me gustaría hacer algo para colaborar en algún lugar, limpiar una salita sanitaria o cocinar en un comedor comunitario, cualquier cosa. No me gusta que me llegue la plata de arriba. Uno es joven y necesita trabajar", dice con la intención de revalorizar la cultura del trabajo.
Es de Corrientes y hace 13 años que vive en Las Tunas. Gracias a esta nueva asignación va a poder comprarle ropa, comida y útiles a sus hijos.
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Daniel Arroyo, durante su cargo como ministro de Desarrollo Social bonaerense, implementó un sistema de asignación familiar universal para todos los niños hasta los 6 años (ver recuadro). Actualmente se desempeña en el directorio de empresas de microcrédito del Banco Provincia.
Sobre la asignación universal lanzada por el gobierno nacional opina que es una buena idea y está convencido de que, con el tiempo, se extenderá el beneficio al total de la población. "Hoy sólo lo cobran los padres que tienen boleta de salario y los que descuentan de ganancias. Lo ideal es extenderlo automáticamente a todos los que no tienen trabajo. Este plan no contempla a los cuentapropistas y los monotributistas que cobran menos de 1500. No hay ninguna forma de comprobar cuánto gana un carpintero en un barrio, y además esto va cambiando mes por mes", sostiene.
Por eso afirma que habría que idear un mecanismo de inscripción mediante la partida de nacimiento de cada hijo. "Esto no hay que verlo como una política social, sino como un derecho y derecho significa que le llega a todos. Este es un sistema que rota: si la persona consigue trabajo, deja de cobrarlo y lo cobra por el salario. Actualmente no lo cobra la señora que hace changas ni la que trabaja como doméstica en casa de familia. La naturaleza de las cosas lo va a llevar a eso. Hoy tiene un problema de presión fiscal, pero va a terminar siendo absolutamente universal", concluye.
Otro de los grandes cuestionamientos que recibió esta medida es que se financia con fondos de la Anses y tendrá un costo fiscal cercano a los 10.000 millones de pesos. "Esta decisión la tendrían que haber tomado antes porque hoy hay muchos más pobres que hace dos años. Esto había que hacerlo y rápido, y la única forma de implementarlo era con los fondos de la Anses. Sin embargo, no se puede sustentar una política de este tipo con estos fondos. Estos fondos deberían provenir de una partida del presupuesto, como sucede con las partidas para pensiones o derechos sociales", dice Arroyo.
Toty Flores, por su parte, con una postura más firme, agrega: "No nos parece que se saque el dinero de la Anses. De esta manera se bastardea el concepto de universalidad y se tienen políticas sociales parcializadas".
Se acercan las 12 del mediodía y el griterío de los comensales del Comedor Padre Daniel de la Sierra se va aplacando. La mayoría vuelve a sus hogares, algunos chicos se dirigen a la escuela, pero muchas madres se quedan para compartir con LA NACION su situación social y ver si pueden esclarecer aunque sea un poco su panorama.
Beatriz tiene tres hijos y el cuarto viene en camino. Cobra el plan Ciudadanía Porteña que le permite comprar alimentos por $ 540. Consultó en la Anses para acceder a la asignación y le dijeron que no era compatible con este plan que estaba recibiendo.
Lo que llama la atención es la enorme desinformación que existe y las pocas herramientas que encuentran las personas de bajos recursos para hacer valer sus derechos.
Virginia es un perfecto reflejo de esta situación. En los hospitales Penna y el Rivadavia no le dieron las partidas de nacimiento de sus dos hijos de 3 y un año que hoy son NN. "Entonces no puedo hacer el trámite del DNI. Fui a los hospitales y me dijeron que ellos no me pueden hacer la partida y no sé adónde ir." Virginia trabaja en casas de familia dentro de la villa para poder sobrevivir. Producto de esta irregularidad con sus hijos, nunca pudo recibir un plan asistencial ni anotar a su nena en el jardín.
Cada rostro esconde una historia de vida inundada de tropiezos y desventuras. Decenas de ojos suplicantes piden a gritos que les enseñen el camino para su recuperación.
Jessica tiene cuatro hijos. Presentó todos los papeles. Le dicen que le faltan algunos, pero no sabe cuáles y no se puede comunicar con la Anses. "Tres de mis hijos no tienen DNI y por eso llamé hace dos semanas al 147 para pedir turno, pero recién me dieron para el 18 de enero", explica.
Como la mayoría de las familias de la villa 21-24 de Barracas cobran un plan social, lo que no saben es si les conviene cambiarse a la asignación universal o quedarse con el que tenían. No conocen los requisitos, los alcances del nuevo plan y como no encuentran quién los asesore prefieren no hacer nada.
Este es la caso de Petronila, una mujer desempleada que cobra una pensión por más de siete hijos que le representa $ 600 por mes. Sus hijos están vacunados y van todos al colegio, con lo cual le correspondería cobrar $ 900 por la asignación familiar, pero no lo sabe. "No hice las cuentas", responde con la mirada fija en el suelo.
Por Micaela Urdinez