Desinformar: un grave delito impune

Por Oscar Taffetani

(APe).- Como parte de la terrible campaña de acción psicológica que está desarrollando el complejo mediático policial argentino (en los Estados Unidos hay un complejo industrial militar, pero aquí el eufemismo es distinto), como parte de esa campaña, repetimos, los diarios y la TV han publicado por estos días la noticia de un asalto con los siguientes titulares: “Una niña asaltó un almacén en Villa Carlos Paz” (Canal 13); “Tiene 6 años y robó un almacén con su papá” (InfoBAE); “Tiene 6 años y ya robó” (El Día de La Plata); “Nena de 6 años robó almacén” (El Diario, de Carlos Paz), etcétera.

Alguna vez dijimos desde esta columna que la prensa amarilla y los medios sensacionalistas son capaces de sacrificar la verdad o lo poco de verdad que pueda contener una historia en aras del rating y de la venta de periódicos.
No es éste el caso. Aquí, cuando se criminaliza a una niña que no tiene uso de razón, ya no se trata de vender una mentira más a la población, sino de vender a quien puede pagar (el Gobierno Bonaerense, las Secretarías de Medios y de Inteligencia del Estado, algún lobby empresarial) una mentira que será inoculada sin aviso a la población, para preparar un escenario.
Este asunto no tiene que ver con la ley de medios nueva. Ni con la vieja. Las agencias, canales y diarios que hoy criminalizan a una niña de 6 años, pueden ser oficialistas u opositores. Sin embargo, participan por igual (y obtienen beneficios por igual) con la campaña.
Por eso no habrá ombudsman ni fiscal ni juez capaz de denunciar o de meter preso al supuesto periodista o al supuesto editor capaz de perpetrar, desde su torre almenada, con completa impunidad, esta clase de títulos en contra de la población (ya que afectan su estabilidad emocional), en contra de la democracia (ya que desvirtúan las instituciones) y en contra de la república (porque preparan el terreno para una violación consentida de la ley).
Indocumentados y/o inexistentes
La Presidenta de la Nación admitió en una conferencia de prensa, al anunciarse la llamada Asignación Universal para la infancia, que aunque se habían hecho importantes progresos en el registro y documentación de chicos argentinos “quedan 800.000 niños por identificar, y vamos a seguir trabajando para lograr el derecho a la identidad para todos... (Casa Rosada, 24/11/09)
En las últimas semanas, los medios audiovisuales del país saturan a la audiencia con la pesquisa sobre el paradero de la familia Pomar. Videos de cámaras de seguridad, mensajes de texto y llamadas desde celulares, entrevistas a familiares y amigos, multiplicación de las hipótesis y decenas de rastreadores despachados, cámara en mano, a cubrir las rutas bonaerenses, entre las localidades de José Mármol y Pergamino.
De modo que 800 mil niños sin identificar -dato oficial-, con decenas que aparecen y desaparecen todos los días (es decir, niños abusados, vendidos, secuestrados, esclavizados o asesinados por distinta clase de mafias) no son noticia. No ocuparán más de una línea en los despachos de las agencias. Ni dos segundos en la televisión. Ni un miserable centímetro en los diarios.
“Es que la familia Pomar vende; y la niñita de 6 años que asalta un comercio (instigando a su padre al robo, faltaría decir) también vende. Pero los otros, los que no figuran en los registros ¿a quien le interesan?” Ésa es la coartada que querrían tener tantos oficiales periodísticos, tantos redactores de policía, tantos mercenarios del primero y el cuarto poder, para disimular el grave delito que cometen a diario contra la información ciudadana.
Al comenzar esta nota, lo admitimos, nos proponíamos hablar de otra cosa. Íbamos a hablar de la pureza de la niña que con sólo seis añitos ayudó a su padre a robar. Otras niñas, a esa edad, juegan a las muñecas; o bien imitan a su mamá en las tareas del hogar. Ésta, en cambio... ésta en cambio... ¡ay!