La interpretación más generalizada del porqué hubo un golpe militar en Honduras (reproducida en los cinco rotativos de mayor distribución en España) es que este ocurrió para parar el intento del presidente Zelaya de “perpetuarse en el poder”. El diario más activo en la promoción de esta explicación del golpe militar ha sido La Vanguardia cuyo corresponsal en América Latina, Joaquim Ibarz, entrevistó nada menos que al general que realizó el golpe, Romeo Vásquez, dándole la oportunidad de que lo justificara, indicando que la intervención militar era plenamente constitucional, necesaria para impedir que Zelaya se perpetuara en el poder. Ibarz entrevistó también al cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, que justificó también el golpe refiriéndose a la necesidad de recuperar la legalidad, interrumpida por el presidente Zelaya. Es interesante subrayar que hace 70 años, en España, La Vanguardia –entonces llamada La Vanguardia Española (propiedad de la familia Godó, que apoyó el golpe militar de 1936)– justificó el golpe del general Franco contra el Frente Popular, con argumentos semejantes a los utilizados ahora por los golpistas en Honduras. Según La Vanguardia Española (18-07-40), el Gobierno del Frente Popular, democráticamente elegido, había violado la Constitución, siendo necesario su derrocamiento por parte del alzamiento nacional para recuperar la legalidad.
El sesgo conservador de la cobertura mediática de lo que ocurre en Honduras explica que ninguno de aquellos cinco rotativos haya entrevistado a personalidades hondureñas conocidas por su oposición al golpe militar. De haberlo hecho, tal como lo han hecho varios medios en EEUU, los lectores de tales rotativos tendrían información de la que hoy carecen. Además de entrevistar al cardenal progolpista, Óscar Rodríguez Madariaga, La Vanguardia podría haber entrevistado, por ejemplo, al arzobispo hondureño de Copán, Luis Alfonso Santos Villena, quien en las entrevistas que dio al Catholic News Service (04-08-09) y a la cadena de televisión CNN (06-08-09) indicó que “algunos dicen que Manuel Zelaya amenazó a la democracia al proponer cambiar la Constitución. Pero los pobres de Honduras saben que Zelaya subió el salario mínimo. Esto es lo que conocen. De lo que ellos son conscientes es de que defendió a los pobres. Esta es la razón por la que ahora están en la calle, bloqueando carreteras y pidiendo la vuelta de Zelaya”.
El presidente Zelaya, entre otras muchas medidas populares, dobló el salario mínimo, medida que enojó a la patronal hondureña; proveyó comidas gratuitas en las escuelas (el 72% de los niños hondureños en zonas rurales tienen problemas de malnutrición) y vetó la propuesta de la Asamblea Nacional de prohibir la utilización de la píldora postcoital. Estas políticas cambiaron la actitud de las clases populares hacia el Gobierno Zelaya. Tal como señaló el dirigente campesino Rafael Alegría, “Zelaya dio esperanza al pueblo”. Los sindicatos y campesinos, así como la población indígena, fueron apoyando a Zelaya que, al proceder del establishment hondureño, había tenido a tales sectores en contra. Pero en la medida que estas fuerzas populares fueron apoyando a Zelaya, la oligarquía fue movilizándose para parar tal proceso. Tal como indicó el arzobispo Luis Alfonso Santos: “Es un error asumir (como hacen los medios) que Honduras tuviera una democracia y que la Asamblea Nacional representara a la mayoría de la población hondureña. En realidad, nunca hubo democracia en Honduras. Lo que tenemos es un sistema electoral donde a la población se le ofrece la oportunidad de escoger entre candidatos que han sido elegidos por la élite política. La población no está representada ni por la Asamblea ni por la Corte Suprema, escogidas por los ricos del país. Somos el país más corrupto de Centroamérica. No podemos decir que tengamos una democracia en la que la población participe en las decisiones”.
En realidad, incluso el Departamento de Estado de EEUU en su informe sobre los “Derechos Humanos en Honduras en 2008” había indicado que “aunque la Constitución (hondureña) habla de un sistema jurídico independiente, tal sistema está muy poco financiado con muy escasos recursos, sujeto a una corruptela clientelar y a múltiples influencia políticas. La Corte Suprema nombrada por los dos grandes partidos carece de autonomía y está claramente influenciada políticamente, dentro de una cultura de corrupción”. Fue esta Corte Suprema la que ordenó la detención del presidente siguiendo las órdenes de los dos partidos políticos que dominaban la Asamblea Nacional.El nuevo presidente, Roberto Micheletti, fue una voz poderosa durante la dictadura militar y el Gobierno autoritario que le siguió. Según The New York Times (08-08-09), su jefe de campaña en las últimas elecciones, Billy Joya, fue dirigente de la Policía política en los años ochenta, responsable de las torturas y desapariciones que caracterizaron aquel periodo. Hoy es asesor del nuevo Gobierno golpista en temas de seguridad. Como señaló el arzobispo Luis Alfonso, “las personas detrás del golpe no eran demócratas. Ellos conspiraron antes para preparar el golpe y luego encontraron los argumentos para justificarlo. A ellos no les importa que niños mueran de hambre o que personas mueran en los hospitales por falta de medicinas” (entrevista del 29 de julio en la radio jesuita Progreso). El nuevo Gobierno ha iniciado una brutal represión que no ha podido parar las continuas movilizaciones populares y huelgas en contra del golpe.
En EEUU, el máximo defensor del Gobierno golpista es el abogado Lanny Davis, que representa a la Cámara de Comercio de Honduras y que fue, en su día, el representante legal de la dictadura paquistaní del general Musharraf. Hoy asesora, también, al mundo empresarial estadounidense en su intento de hacer fracasar la propuesta de ley que facilitaría la sindicalización de los trabajadores en EEUU. Fue también asesor del presidente Clinton y de la candidata Hillary Clinton, que hoy es la persona del Gobierno de Obama más tolerante con el Gobierno golpista. Todos estos datos son desconocidos por los lectores de aquellos cinco rotativos.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Policy Studies en The Johns Hopkins University
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