Por Mario Wainfeld
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entrado en el Congreso tiene 144 artículos, dotados de una profusa fundamentación, insólita para los usos parlamentarios actuales. Fue editado en un libro de casi 150 páginas, usado como disparador en foros realizados en todo el país. Esa dinámica previa le hace honor, su contenido también.
El texto no fue una invención del kirchnerismo. Sintetiza aportes oriundos de la sociedad civil y del mundo académico decantados en el último cuarto de siglo. Los sonados “21 puntos” cristalizaron parte de esa producción, también hubo proyectos de legisladores de varias bancadas, incluyendo a varios radicales, que fueron pioneros.
El cronista, que forma parte del pelotón que brega por esa norma desde que se inauguró la actual etapa democrática, considera que es un buen proyecto, de clara raigambre democrática e igualitaria. Un debate honesto podría mejorar zonas grises, errores o limitaciones. El cronista señala dos, a su criterio.
- El primero es la eventual amplitud de posibilidades abiertas a las telefónicas, que quizá no amerite borrarse de un plumazo, pero sí tener restricciones más ceñidas.
- El segundo alude a un objetivo encomiable, la protección a la producción nacional. Nada que objetar salvo que su definición es muy imprecisa.
Pasible de esas anotaciones o de otras, el proyecto avanza en aras de la libertad de información, de ampliar el espectro de emisores, de poner coto a los monopolios y oligopolios. No hay ninguna alusión, siquiera lateral, a la limitación de contenidos y sí varios artículos que defienden la libertad de expresión y la de los periodistas. Entre otras experiencias de otros países se recoge la de Defensoría del Público.
Desde luego, afecta poderes establecidos, que tienen razones y derecho de defender su patrimonio. Podrían hacerlo polemizando con calidad afín a la propuesta en cuestión. Eligen otro camino, el del poder desnudo.
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El poder y los ultras: Asombra la baja calidad de los argumentos de los medios que enfrentan esta ley. Pocas notas firmadas, un síntoma de que no es fácil reclutar afinidades aun en sus propios elencos. Y un abandono casi absoluto del razonamiento o del análisis minucioso. Se ostenta la rabia editorial, se muestran aliados de aquende o allende las fronteras, así sean corporaciones de mala fama, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La renuncia al espacio discursivo no ha de ser casual, es una opción. En el ágora, la polémica franca puede dejar mal parados a los damnificados. Por eso se elige la lógica de la “batalla campal”, por usar la calificación con que designó el senador Carlos Reutemann al conflicto del “campo”.
Los defensores de la ley son estigmatizados. No brotaron ayer, de una unidad básica recién creada. La mayoría proviene de un amplísimo movimiento social que insta la reforma, con enorme base en organizaciones no gubernamentales, radios y medios alternativos, universidades públicas y hasta algunas privadas.
El sentido común mediático describe a los académicos como “intelectuales K”, en tanto que los movimientos sociales que se embanderan son “ultrakirchneristas”. Todo un detalle: la condición de ultra sólo califica a los oficialistas. Ningún opositor es “ultra” nada. Ni el patotero Alfredo De Angeli ni el golpista Hugo Biolcati son ultrarruralistas. Tampoco es ultragolpista (ni siquiera golpista) Mariano Grondona, instigador, justificador y encubridor de todos los golpes de Estado de los últimos 55 años. Marcos Aguinis exalta la evasión fiscal, tampoco es ultra...
Sin embargo, vaya si hay ultras en la coalición del rechazo a la norma. Un vistazo a los diarios de ayer puede ser ilustrativo. Vaya, pues, una digresión parcial.
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La efigie de la SIP: Vale la pena leer de cabo a rabo la necrológica, anónima, de Diana Julio de Massot, publicada ayer en La Nación. Su título (“Defensora infatigable de la prensa libre”) da cuenta de la valoración que merece. Su condición de miembro de número de la SIP y de Adepa es un dato resaltado. Hay algunos lugares comunes con que La Nación condecora a los defensores de la clase dominante y sus ideas. Lo que sorprenden, en su despojada brutalidad, son los elogios a su alineamiento político con todos los gobiernos antidemocráticos que asolaron este suelo. Vaya un párrafo como muestra: “Durante los años de fuerte influencia militar en las decisiones políticas argentinas, La Nueva Provincia constituyó el periódico de lectura insoslayable para conocer el pensamiento dominante en la Armada y sobre todo en el ámbito naval de Puerto Belgrano, Bahía Blanca y su zona de influencia”. Aclaremos, por si hace falta. Se la lisonjea por haber conducido un house organ de todas las dictaduras y por reflejar en la última el pensamiento vivo del genocida Emilio Massera. Esa noble influencia inspiró sin duda el editorial del 24 de marzo de 1976, evocado ayer en Página/12 por el periodista Diego Martínez. “Al enemigo es menester destruirlo allí donde se encuentre sabiendo que sobre su sangre redentora debe alzarse la segunda república”, escribían entonces los corifeos de la Armada.
Pasadas dos décadas y media de rutinas republicanas, la SIP y Adepa (una de cuyas figuras viene de fallecer) son vanguardia de la oposición a una norma democrática, defendiendo “infatigables” lo que ellos entienden como “prensa libre”.
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El porotómetro: Así parezca un ritornello, una ley de calidad amerita un debate legislativo acorde. Las primeras reacciones muestran a varias fuerzas opositoras enardecidas, con poco ánimo de discutir constructivamente. El oficialismo deberá sumar trabajosamente los votos necesarios, no le será sencillo.
La planilla de asistencia del acto presidencial de ayer puede ser una señal de alineamientos futuros. Los gobernadores de Neuquén (Jorge Sapag, del MPN) y de Río Negro (Miguel Saiz, radical K) pegaron el faltazo. Tampoco estuvieron los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey y Mario Das Neves. El salteño sigue cerca del oficialismo, el chubutense le muestra los dientes todo el tiempo. Sus diputados y senadores votaron a favor de las facultades delegadas, en defensa de la gobernabilidad y la sustentabilidad fiscal del gobierno central, que les conviene e interesa.
En materia de medios audiovisuales, su acompañamiento es menos seguro. El temor a la vendetta de los poderosos es un disuasivo. “No es un quilombo nuestro”, explican en confianza, aunque sin adelantar si enfrentarán al gobierno nacional, lo (justo es subrayar) que sería otro entuerto, de diferente naturaleza.
Con el aval de los partidos de centroizquierda en Diputados, quizá la clave del equilibrio parlamentario pase por el socialismo. El gobernador Hermes Binner ha apoyado desde el llano iniciativas afines a la que se tratará. El tono de la ley es progresista, consistente con el ethos del socialismo y hasta algún funcionario del gobierno santafesino participó en los foros ya mencionados, con actitud amigable. Binner sin duda estará tironeado por su prosapia progresista, por sus alineamientos previos versus la presión mediática y la de sus actuales aliados, que apoyan sin rubor a las corporaciones rurales y mediáticas.
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Jugar a más: La información es una riqueza que, como todas, está mal distribuida. Es también un atributo de la ciudadanía social, que no se puede reducir a un derecho del consumidor. Toda ampliación del espectro de emisores lo es también de los derechos republicanos, máxime si ganan terreno organizaciones sin fines de lucro.
Es una mutilación circunscribir la ampliación de ciudadanía de “Rosa de Caballito” o “Carlos de Lugano” a dejar un mensaje de 50 segundos en su radio favorita.
Comunicarse implica informarse e informar, escuchar y hacerse oír. La ampliación del espectro mediático con nuevos protagonistas es un objetivo de alta calidad institucional. Con un añadido digno de mención, que también preocupa a gobernadores de variadas camisetas. La vivacidad de la sociedad argentina, la tradición de su periodismo de trinchera y la de las radios comunitarias augura un nuevo escenario que no será complaciente ni seguidista con ningún gobierno.
Cunde entre nosotros la llamada “ley de Godwin”. Mike Godwin, lo parafraseamos, explicó que “a medida que una discusión se alarga la posibilidad de que se mencione a Hitler o al nazismo propende al ciento por ciento”. Hablaba del ágora informática, la mediática funciona de modo similar. La tendencia a la simplificación, al panfleto es una vertiente naturalizada de la comunicación de masas. En estas pampas, Hitler suele ser sustituido por Hugo Chávez. La apelación al cuco releva de cualquier razonamiento estructurado, de cualquier lectura fina de las circunstancias o de una ley parida en muchos años.
Así están las cosas, cuando el proyecto entra al Parlamento, con una mora de casi tres décadas y con final abierto.
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