Sólo si analizáramos a la reforma del Código de Faltas en el marco de la lógica que sostiene que el fin justifica los medios, podríamos creer que el proyecto que impulsa el gobernador Daniel Scioli, no es de tipo represivo, discriminatorio y violador de derechos humanos inalienables. Sin embargo, el discurso que pronuncia en nombre de la “gente digna, que merece vivir libre”, revela que el espíritu de la reforma del Régimen Contravencional lejos está de transformar la matriz que imprime a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Por el contrario, propone aumentarle el poderío a la Policía Bonaerense, bajar la edad de imputabilidad de los menores y criminalizar la protesta y el reclamo social. Scioli, ese hombre intolerante hasta con la prensa que lo hace sujeto visible y le da micrófono para quedar como el mártir moderno de la clase media y alta, está legitimando al perverso aparato represivo, que nunca dejó de opera ni de tener sus motores en marcha. Pero la diferencia está, ahora, en que es el propio mandatario elegido en democracia quien advierte y asegura que dormir en una plaza (por falta de políticas de vivienda), marchar por derechos legítimos (por la flexibilización sistemática de los mismos), limpiar vidrios como medio de sustento (ante la inexistencia de planes efectivos de empleo) y repudiar públicamente la gestión de un funcionario (por su inoperancia o corrupción) merecerá una represalia, con multas y arrestos.
Los motivos por los cuales impulsa esta reforma ya los conocemos. Los explica casi todo el tiempo, porque su gestión pareciera ser monotemática y sus acciones unilaterales. Quizás sería bueno escuchar qué tiene para proponer y decir el gobernador respecto a lo que en el párrafo anterior aparece entre paréntesis. Tal vez, y si esas respuestas se materializaran en políticas estatales a largo plazo que satisfagan los derechos humanos básicos de la población, podríamos oír algún discurso oficial que felizmente anuncie que la inseguridad cesó, pero no por los palos, los escudos y el miedo como herramienta de control, sino por la proliferación de escuelas, de mejores hospitales, de óptimos programas de empleo y de políticas de niñez y juventud con contenido y proyección.
Entiendo que el fin y los medios no pueden disociarse; deben justificarse de igual manera, en equilibrio de porcentajes, porque hablan del objetivo y de la forma de alcanzarlo. Entonces, si traemos la iniciativa de Scioli en el marco de esta lógica, no queda otra que pensar que la propuesta del gobernador no es más que un régimen en estado de democracia.
Por Andrea Pérezaperez@diarioelatlantico.com
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